“There may be innocent people among the 91,000 prisoners, like anywhere in the world”

There is no one then who can say “no” to President Bukele.

Why would you want one body to limit or block the actions of another, in this case the Legislature or the Executive, to demonstrate that there is democracy? If both are in the same vision and project, that is democratic coherence.

His government claims to have achieved the “security miracle,” winning the war against gangs and reducing the homicide rate to historically low levels. What then justifies maintaining the state of exception, which restricts certain rights and freedoms of citizens, four years later?

The emergency regime, since it was decreed on March 27, 2022, has never affected a single public freedom, not a single one. It only suspends constitutional guarantees for private individuals, not for the Salvadoran people. That is, normal people who do not belong to criminal structures do not suffer these types of extraordinary measures. Furthermore, when the people were asked in a survey a week ago if they wanted the emergency regime to continue, 97% said yes. If the majority wants it, why are they going to remove it?

If there is no longer violence and, as it says, the Salvadoran people are not affected, what function does it have?

For the collective imagination, the regime of exception is the protection of the welfare state in which it is found. Since the state of emergency was declared and they began to capture all the gang members, put them in jail and restore peace, happiness, and security to the communities, people feel free, so they believe that because of the State they want it to continue.

¿Cuándo planean restablecer plenamente las garantías constitucionales?

Cuando el pueblo diga que ya no lo quiere, si la excepción quita las garantías suspendidas es para beneficio del pueblo y si el pueblo lo percibe así la va a querer porque se siente seguro.

¿Podría decirme exactamente cuántos detenidos hay en las cárceles salvadoreñas?

Más de 91.000.

¿Y cuántos de ellos ya han sido juzgados?

Miles, porque son juicios colectivos y otros están esperando los procesos. Esos que no han llegado a juicio, sí pasaron la etapa de instrucción. Para estar detenida, una persona necesita que el juez haya decretado la detención provisional. Tras la captura, la policía entrega al Ministerio Público, que tiene 15 días para recabar pruebas y decidir si las remite al juez. Si no hay elementos suficientes, la persona queda libre; si los hay, el juez revisa el caso con defensores, y si la evidencia es sólida, pasa a juicio. El Estado ha nombrado más de 300 abogados de oficio para quienes no pueden pagar.

¿Cuánto tiempo puede pasar desde la detención hasta que se inicie un juicio?

Eso lo determinan los 11 jueces que solo juzgan a las pandillas.

En el último año se han liberado a 8.000 inocentes detenidos…

Bueno, se les ha declarado inocentes, yo no sé si eran inocentes. O sea, presentaron pruebas de arraigo, de trabajo, de estudio, y los habían agarrado por una mala información o por un error, fueron liberados.

¿Podrían liberarse más personas inocentes?

Eso lo deciden los jueces. Yo soy del Ejecutivo, pero podrían haber inocentes entre esos presos, como en cualquier parte del mundo, donde hubo personas que fueron condenadas a muerte y fusiladas y eran inocentes.

Human Rights Watch y otras organizaciones han documentado detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos incluso contra menores. ¿Se vulnera los derechos humanos de los presos?

No, no. Yo no sé cuál es la fuente de esos informes porque ellos nunca han ido a una cárcel. Cuando lograron presentar los casos que los documentaron, lo llevamos a la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra y fue el Gobierno y fue demostrando caso por caso que no eran ciertos.

Los informes cuentan con entrevistas, fotografías…

Insisto, la única institución que va a las cárceles, que tiene mandato para ir a la cárcel por un voto con el Gobierno, se llama Comité Internacional de la Cruz Roja y ellos sí hacen informes de lo que observan de lo que ven y nos han hecho críticas y hemos tomado sus críticas, porque son instituciones serias. No son las organizaciones estas, que toman lo que un señor me dijo o la prensa o el medio tal o una ONG de oposición.

Dice que no han ido a las cárceles, ¿se lo han solicitado?

¿Estos niños? no sé, no sé.

En los últimos años su Gobierno ha organizado visitas de influencers al CECOT, la cárcel de máxima seguridad. Hay muchos medios que lo han criticado como una estrategia de imagen, como una propaganda. ¿Cuál es el objetivo real de estas visitas y qué busca transmitir el Gobierno con ellas?

La verdad es que no lo sé porque eso pertenece al sistema carcelario. No sé quién ha ido. Cuando me llegan solicitudes yo se las paso al Ministerio de Justicia o a quien esté a cargo de las cárceles. Lo que sí me dijeron era que no pasara caso por caso, que reuniera un grupo, porque si no todos los días tendríamos ahí a alguien, y ni que eso fuera un zoológico .

“Los padres son los últimos en enterarse de que sus hijos son miembros de una mara”

En el último año Estados Unidos ha deportado a El Salvador a centenares de migrantes. A cambio, según varios informes, de millones de dólares. ¿No teme que estos acuerdos transformen al país en un destino permanente para presos extranjeros?

No, no, no, porque era solo un caso. Estados Unidos capturó a un grupo de miembros del Tren de Aragua y tenía planeado deportarlos a Venezuela, pero ese país no los quiso recibir. Entonces solicitaron alojamiento carcelario en El Salvador y se les dijo que sí, con gusto, aunque nosotros no podíamos mantenerlos indefinidamente, así que se fijó un precio por tenerlos aquí. Cuando Estados Unidos se puso de acuerdo con Venezuela y este país liberó a presos políticos que tenían bajo bandera estadounidense, Estados Unidos dijo: “Bueno, dádmelos a mí, que los voy a mandar allá”.

¿O sea que fue algo excepcional?

Sí, no hay un flujo de presos que está llegando, ni deportados, ni nada.

En los últimos días han surgido testimonios de familiares de presos que denuncian que los juicios masivos de centenares de personas podrían vulnerar los derechos de los reclusos. ¿Qué le diría, por ejemplo, a una madre que está solicitando un juicio justo para su hijo?

Primero, le diría que mire si su hijo cometió o no cometió delito, si era miembro de una mara o no. Porque los últimos que se dan cuenta de que sus hijos eran de una mara son las madres o los padres, la casa. Entonces le diría que vaya y averigüe. Los juicios son públicos, hay defensores; que busque uno, que lleve el expediente y que le expliquen: “Mire, su hijo pertenece a esta mara”. Quizá no era quien disparaba o quien mataba, ni uno de los jefes, pero podía ser quien cobraba la extorsión. Y eso también implica responsabilidad. Aquí no se juzga caso por caso de manera aislada, porque no puede haber 90.000 procesos individuales: eso tomaría cien años y requeriría millones de jueces. Se juzga a la estructura y se sanciona según el grado de responsabilidad que cada individuo haya tenido dentro de esa estructura.

¿Juzgarlos de manera masiva no vulnera algunas de sus garantías fundamentales como individuos?

Eso es lo que decía, porque por eso preguntaba si alguno de ustedes [en la conferencia previa] He had training as a lawyer, because if you don’t have one you won’t understand it.